jueves, 14 de febrero de 2013

Grandes cadenas comerciales podrían entrar en el negocio de la farmacia en España



La farmacia española presta un servicio asistencial de elevado valor profesional y  sanitario al paciente, por encima de otros intereses, pese a que está atravesando momentos de gran dificultad. Servicio que debe ser potenciado por las administraciones en beneficio de la salud de la población.
El modelo actual de farmacia en España, basado en el binomio propiedad-titularidad del farmacéutico independiente, no aumenta estructuras públicas y contribuye a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público español. Asegurando que en situaciones de crisis como la actual, el farmacéutico permanezca al lado del paciente, dando continuidad a la prestación farmacéutica.
La red de farmacias de España, garantiza que el 99,9% de la población disponga de una farmacia en el lugar donde vive. Genera esta red unos 79.000 puestos de trabajo directos, de los que  más de 44.000 son farmacéuticos.

Situación económica límite

El farmacéutico ejerciente en oficina de farmacia, cada día se encuentra con más familias que no llegan ni a primeros de mes por su grave situación económica, y esto en un marco económicamente difícil para la farmacia, que sigue luchando para mantener y defender el servicio sanitario de calidad que presta a la población. Los farmacéuticos queremos seguir asegurando la red asistencial de 21.427 farmacias, para garantizar al ciudadano el acceso al medicamento, en condiciones de igualdad. Pero la actual situación económica límite de numerosas farmacias, está llevando al cierre de oficinas, lo que pone en riesgo la calidad de la prestación farmacéutica.
En este entorno de dificultad, es muy difícil mantener una prestación farmacéutica de calidad en lugares donde la farmacia no sea sostenible. Por ello me uno a las demandas de los compañeros rurales que nos hacen ver que la farmacia ruralpilar fundamental del modelo español de farmacia, se enfrenta a un panorama de difícil situación económica. La incorporación de factores correctores que pretenden solventar la situación de inviabilidad económica de las farmacias  a través de mecanismos compensatorios, es un buen comienzo para empezar a solucionar esta problemática, sin embargo estos mecanismos no se están desarrollando en todas las comunidades autónomas.
La Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) alerta sobre la situación de las farmacias rurales, y a través de su estudio “Farmacia rural: la esencia del modelo español de farmacia” ofrece propuestas para garantizar la viabilidad de las farmacias “esenciales”. Propuestas que deben ser tenidas en cuenta, analizadas y valoradas.

El borrador de la Ley de Servicios Profesionales

La aparición, en los últimos días del año 2012, del borrador del anteproyecto de  Ley de Servicios Profesionales del Ministerio de Economía y Competitividad, a través del cual se estudia suprimir la reserva de propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico, es una gravísima, inaceptable e innegociable situación, en la que también se contempla la supresión de la reserva exclusiva de la producción y conservación de medicamentos a los farmacéuticos.
Si se sigue el calendario de acuerdo con el programa de trabajo, y no se produce modificación alguna, los farmacéuticos asistiremos en primera fila a la más grave agresión a nuestra profesión sufrida hasta la fecha, y al principio del fin del modelo actual de farmacia, lo que supondría su práctica desaparición tal y como lo conocemos y defendemos actualmente.
El Reino de España siempre ha defendido ante el Tribunal de Justicia Europeo el Sistema Español de Farmacia, por considerar que es uno de los mejores modelos al servicio del paciente y del Sistema Nacional de Salud. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido mediante sentencias que la propiedad-titularidad de la farmacia por el farmacéutico se encuentra ajustada al Derecho de la Unión Europea.
La mayoría de los países de la UE como Alemania, Francia, Finlandia, Austria, Italia, etc, contemplan la propiedad-titularidad de la farmacia por un farmacéutico independiente. Y países como Portugal o Irlanda, que desregularon la propiedad-titularidad, han sido rescatados.

El gasto farmacéutico público

La desregulación de la propiedad-titularidad, no va a mejorar  la economía de nuestro país, ni la  competitividad del sector, no va a producir un ahorro en el gasto público de medicamentos, ni una mejora en la salud de los ciudadanos  y, por el contrario puede producir un deterioro irreversible en la prestación farmacéutica. En España, el precio del medicamento está regulado por el Ministerio de Sanidad, y teniendo en cuenta que el 83% de los medicamentos dispensados en las farmacias españolas son financiados por el Sistema Nacional de Salud, es fácil deducir que el gasto farmacéutico público sólo depende del número de recetas prescritas y del precio de medicamento, siendo el gasto en medicamentos a través de la red asistencial de farmacias, la partida más controlada y eficiente dentro del gasto sanitario total.
Ante situaciones de caída de rentabilidad o de crisis tan graves como la actual, el farmacéutico independiente no se deslocaliza, porque prioriza el interés sanitario frente al económico, garantizando de esta manera la prestación farmacéutica al paciente, en condiciones de equidad.
Autorizar la  entrada del poder económico abre la puerta a la aparición de grandes cadenas de farmacia favoreciendo los intereses de las multinacionales poniendo en peligro el interés general, y especialmente en las farmacias de menor rentabilidad de la zona rural, donde no quedaría garantizada la continuidad del servicio farmacéutico. Esta medida tampoco va a  generar empleo, probablemente lo destruya.
La farmacia española ni pide ni precisa de este cambio. Cambio que no beneficia al paciente, ni al Sistema Nacional de Salud, ni al farmacéutico, por lo que no entiendo a que interés obedece que este borrador de  anteproyecto de ley contemple la desregulación de la propiedad-titularidad.

Numerosos compañeros me han transmitido su gran preocupación. Espero que este proyecto no se lleve a cabo. Lucho por ello.



Ana Prieto Nieto
Licenciada en Farmacia por la USC

jueves, 31 de enero de 2013

El Tribunal Constitucional suspende el euro por receta en Madrid


Artículo publicado en Mundiario el 29 de enero de 2013



No ha pasado un mes desde su implantación en Madrid, y el Tribunal Constitucional ha decidido suspender  durante 5 meses el  euro por receta en dicha comunidad autónoma, transcurridos los cuales debe resolver si prorroga la medida cautelar o bien la levanta.


Como farmacéutica, profesional sanitaria aplaudo  esta decisión, ya que opino que carece de toda lógica sanitaria el  emplear una medida disuasoria a fin de lograr que el paciente no retire en la farmacia parte de su medicación, con la consecuencia del empeoramiento en el medio y  largo plazo de  la salud de los ciudadanos. Así no se consigue un uso racional de los medicamentos.


Esta medida produce una desincentivación en la retirada de medicamentos prescritos en base a un acto médico, lo que se traduce en que los enfermos no utilizarán su medicación, hecho especialmente grave en el caso de las enfermedades silenciosas, que son aquellas que no producen síntomas.


El euro por receta es una medida demoledora para el ciudadano medio, cada día con menor poder adquisitivo y al que cada vez se le hace más difícil llegar a fin de mes, medida que además se suma al copago que entró en vigor el  pasado mes de julio y a la desfinanciación de más de 400 medicamentos  de septiembre, incrementándose así el coste de los medicamentos. Para nuestros pensionistas es todavía peor, ya que suelen ser pacientes con enfermedades crónicas, polimedicados y con pensiones bastante bajas.


Además el euro por receta es una tasa que establece  diferencias en el acceso a los medicamentos, en función del lugar de España donde se viva, afectando a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener la prestación farmacéutica.


Por todo esto celebro esta suspensión cautelar,  ya que el euro por receta es un medida de recorte, disuasoria, insolidaria y que grava la enfermedad, con posibles perjuicios para los pacientes que podrían elegir prescindir de los medicamentos que les han sido prescritos por sus médicos y  que necesitan para su salud.


La enfermedad no se elige, ni los enfermos son los responsables del gasto sanitario.


Ana Prieto Nieto
Licenciada en Farmacia por la USC